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El OCSPI en el XII Congreso Español de Criminología

La semana pasada se celebró en Oviedo el XII Congreso Español de Criminología, un evento bianual coorganizado por la Sociedad Española de Investigación Criminológica y la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España que, en esta ocasión, tuvo como anfitrión a un entregado Colegio de Criminólogos del Principado de Asturias.

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Como cada edición, el encuentro ha tenido como principal objetivo  reunir a académicos, investigadores y profesionales del campo de la Criminología para exponer y debatir los avances más recientes de las investigaciones que se están desarrollando dentro y fuera de nuestras fronteras y allí ha estado gran parte del equipo OCSPI  presentando los trabajos que tenemos en marcha en la actualidad.

Nuestra directora, Elisa García España, compartió los primeros resultados del proyecto sobre delincuencia de inmigrantes asentados en la ciudad de Málaga, una investigación en la que prestamos especial interés a las características de los contextos locales de acogida para entender las diferentes experiencias autorreveladas de delincuencia, victimización y percepción de los sistemas policial y judicial de una muestra de inmigrantes. Especialmente destacable ha sido hasta la fecha encontrar que el contacto con el sistema penal, ya sea como víctima o victimario, afecta negativamente a la confianza que tienen los extranjeros encuestados.

Nuestra compañera María Contreras compartió sus reflexiones sobre la eficacia de la renuncia al enjuiciamiento de delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular, una norma prevista en el art. 57.7 de la Ley de Extranjería para no obstaculizar la expulsión administrativa cuando el extranjero aparece imputado penalmente antes de que esta se ejecute. Anualmente se produce una media de 2700 renuncias a procedimientos penales amparadas en esta norma, lo que calculamos que representa en torno al 30% del total de imputaciones que se producen a inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, la evidencia empírica no avala su utilidad como medida de prevención general, ni tampoco para transmitir seguridad a la sociedad. Además la forma en que se aplica nos hace cuestionar que realmente sirva, tal como supuestamente se pretende a nivel institucional, como instrumento para congeniar los intereses de la política criminal y la política de extranjería.

Nuestra compañera Araceli Aguilar expuso los resultados de su estudio sobre calidad de vida en prisión a partir del análisis comparado  de una muestra de internos autóctonos y extranjeros. Al respecto, destacó que los extranjeros en situación preventiva representan un porcentaje mucho mayor que el de los autóctonos (42% vs 3,4%), que los extranjeros desconocen en mayor medida cuáles son sus derechos al ingresar en prisión, lo que les genera temor e inseguridad, o que un 70% de los presos extranjeros  reciben visitas de sus familiares y conocidos, pero que pese a ser un porcentaje ciertamente alto, es inferior al de los presos españoles. Y especial preocupación mostró con el hallazgo de los extranjeros tienen mayor dificultad que los nacionales para acceder a las plazas de los programas de tratamiento penitenciario.

Por su parte, nuestra compañera Jacquline Carvalho expuso los resultados del trabajo  que ha realizado junto a Málaga Acoge sobre las imágenes de la inmigración en la prensa de Málaga. El trabajo, realizado a partir del análisis de una muestra de noticias, pretende ser un diálogo con los profesionales del periodismo con miras a mejorar el tratamiento de la inmigración y el refugio en la prensa dada la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la percepción social. Entre los hallazgos encontrados,  destaca que una de cada cinco noticias analizadas incluyen palabras o expresiones  que contribuyen a proyectar una visión negativa y sesgada de la realidad migratoria y favorece la sensación de temor en el lector, o que la llegada de personas rescatadas a bordo pateras a las costas es el tema más frecuente, mientras que las noticias sobre muertes o desapariciones en frontera, menores no acompañados o sobre integración y convivencia son poco frecuentes.

Por último, nuestra compañera Elena Casado presentó los resultados de su investigación sobre menores extranjeros no acompañados al alcanzar la mayoría de edad.  Su trabajo explora la situación de una muestra de jóvenes extranjeros ex tutelados en la ciudad de Málaga a partir de entrevistas semiestructuradas y profundiza en la las situaciones a las que se tuvieron que enfrentar los jóvenes durante su proceso migratorio y su estancia en España. Entre los hallazgos de la exploración, destaca el peso que tiene la labor que desempeñan las asociaciones sobre estos jóvenes y que ellos perciben como imprescindible para superar los obstáculos que se les presentan. Asimismo, se discute la necesidad de identificar mejor los factores de riesgo y protección de comportamientos delictivos que presenta el colectivo  con el objetivo de incidir sobre ellos de cara a la prevención.

 

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Además de presentar los trabajos de nuestro equipo, el OCSPI organizó una mesa de debate que, bajo el título “Los muros invisibles del sistema penal a la movilidad humana”, tenía como objetivo principal servir de punto de encuentro para los investigadores interesados en esta materia y compartir reflexiones con algunos de los miembros que integran nuestra red de expertos. Así, participaron en la mesa:

  • Cristina Fernández Bessa (UAB) y José Ángel Brandariz García (UdC), que compartieron su trabajo sobre la “crisis de los refugiados” en el que cuestionan cómo el sistema de asilo se está utilizando como una forma más de gestionar la movilidad humana en los países occidentales.
  • Lorea Arenas García (ULA), que explicó el uso que está haciendo EEUU de la tecnología GPS en el control intensivo de inmigrantes y mostró su preocupación ante la eventual expansión que se pudiera producir a otros países en el futuro.
  • Y Martí Rovira (UPF), que nos presentó los resultados de su trabajo sobre antecedentes penales y reinserción, destacando que estos suponen una barrera especialmente excluyente para el colectivo de inmigrantes que salen de prisión.

 

Si alguna persona está interesada en información más detallada sobre cualquiera de nuestros trabajos, le animamos a contactarnos a través del formulario disponible en la web.

Para los interesados en más detalles sobre el programa completo del congreso de Oviedo, animamos a visitar la web de la SEIC https://criminologia.net/congresos/proximo-congreso/ 

 

 

 

 

 

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La delincuencia y la inmigración: Dos fenómenos sin relación

Es frecuente asociar la inmigración con la delincuencia. Según una encuesta internacional (International Social Survey Programme), el 51% de los encuestados de toda Europa y el 50,3% de los españoles está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes hacen que aumente el índice de criminalidad”. También las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que el aspecto negativo de los inmigrantes que en mayor medida se destaca, a bastante distancia de los siguientes, es el relacionado con la delincuencia y la inseguridad; y entre los encuestados que menos simpatía tienen por los inmigrantes, la mayoría argumenta que es debido a su vinculación con la delincuencia y el crimen organizado.

Pero si en lugar de acudir a percepciones subjetivas acudimos a investigaciones científicas encontramos algo muy diferente: más de un siglo de estudios indican que la tasa de de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país. Según datos oficiales de EEUU entre 1990 y 2012, cuando la inmigración tanto legal como irregular alcanzó niveles históricos, la tasa de delincuencia a nivel nacional disminuyó, sobre todo en ciudades y regiones de alta concentración de inmigrantes como Los Ángeles, las ciudades fronterizas de San Diego y El Paso, Nueva York, Chicago y Miami (Rombaut y Ewing, 2017).

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Los resultados en España son similares. Ha sido el país europeo con el mayor crecimiento de población inmigrante. De hecho, entre el año 2000 y el 2014 hubo un incremento exponencial de la población inmigrante, llegando a representar un 10% del total de la población según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este aumento de población inmigrante no se ha acompañado de un incremento de las tasas de criminalidad. Por el contrario, la tasa de delincuencia en España ha descendido ligeramente, siendo España el tercer país europeo con menor tasa de delincuencia según datos de Eurostat. Es decir, durante el tiempo que la población inmigrante ha crecido considerablemente en España, la delincuencia ha experimentado un leve descenso.

En España se realizó en 2012 un estudio sobre las tasas de criminalidad y de inmigración que tuvo en cuenta también las tasas de desempleo, el nivel de estudios de la población, la concentración de población en zonas urbanas, las edades, el origen de la población inmigrante y el PIB per cápita. Según este estudio, tras controlar las variables género y educación, concluye que las características de la inmigración latinoamericana ha evitado el aumento de las tasas penales en España a pesar del aumento de población. El resultado de esta investigación es totalmente coherente con la llamada “paradoja latina” en los EEUU donde la inmigración desde México ha reducido las tasas de criminalidad del país. También los rumanos con niveles educativos más bajos contribuyeron en un principio a un aumento de las tasas de criminalidad, pero en la medida en que su tamaño y composición ha ido cambiando, su tasa de delincuencia ha descendido hasta ser menor que la de los nacionales. (Alonso-Borrego et al).

Estudios europeos también encuentran evidencias de la falta de relación entre ambos fenómenos. Concretamente se ha analizado la supuesta relación entre la concentración de inmigrantes en determinadas zonas de Bélgica y el nivel de delincuencia durante cinco años. Tras realizar un análisis multivariable de varios grupos con procedencia étnica diversa se obtiene como resultado que no existe esa relación directa entre inmigración y delincuencia, y que las condiciones socio económicas, concretamente el desempleo, es una variable que explica mejor que la procedencia extranjera la delincuencia en la comunidad (Bircan y Hooghe, 2011).

A veces, hay áreas o barriadas en algunas ciudades con tasas altas de delincuencia donde también hay una alta tasa de inmigración. Un estudio comparó a los portorriqueños que vivían en la ciudad de Nueva York, quienes tenían tasas elevadas de homicidios, con los portorriqueños que vivían en otras partes de EEUU, que tenían tasas similares a los de la población oriunda blanca. Este resultado permite concluir nuevamente que no hay relación entre la inmigración y la delincuencia, ya que inmigrantes de una misma procedencia que se asientan en áreas distintas tienen una diferente tasa de delincuencia (Rosenwaike y Hempstead, 1990). Estos mismos resultados se han obtenido en estudios similares con mexicanos y cubanos (Lee, Martinez y Rodriguez, 2000). Por ello, los científicos consideran que la diferente tasa de delincuencia de los inmigrantes depende de las condiciones de violencia de las áreas de acogida.

Es más, un número considerable de investigaciones demuestran que, a pesar de que el contexto social de acogida influye en el comportamiento criminal de los residentes inmigrantes y nativos, en numerosas ocasiones, cuando se comparan ambos grupos, se observa una menor tasa de delincuencia de los inmigrantes (entre otros, Portes y Stepick, 1993; Hawkins, 1999; Martinez y Lee, 2000).

En resumen, un siglo de investigaciones sobre la supuesta relación entre inmigración y delincuencia demuestran que la participación delictiva de los inmigrantes es diversa y, a diferencia de lo que piensa la opinión pública, suelen tener una tasa de delincuencia menor que el grupo de nativos y presentan más resistencia a la delincuencia en contextos desorganizados. Por todo ello, tal vez deberíamos preguntarnos de dónde surge la percepción de que los inmigrantes aumentan la delincuencia en nuestras calles y con qué intereses.

 

¿Por qué la prisión de Archidona no puede usarse como CIE?

Según el artículo 62 bis.1, ” Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario (…)”. Eso mismo es reiterado por el art. 1.2 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. El art. 5.2 de dicho Reglamento permite habilitar centros de internamiento de extranjeros temporales o provisionales al establecer que “cuando concurran situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros, podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional procurando que sus instalaciones y servicios sean similares a los de los centros, gozando los internos de los mismos derechos y garantías”.

Sin embargo, el art. 16.1 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular establece que “en los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos al internamiento estarán separados de los presos ordinarios”. Esta opción no es de aplicación en el caso español por no haberse traspuesto esta previsión a nuestro ordenamiento jurídico. De hecho,el artículo 4.3 de la Directiva dispone que esa posibilidad “se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones que sean más favorables para las personas a quienes se aplica, a condición de que tales disposiciones sean compatibles con dicha Directiva”. Por tanto, el recurso al internamiento en centros penitenciarios previsto en el artículo 16.1 no es de obligado cumplimiento, sino una posibilidad que se ofrece a los Estados y que España decidió no trasponer cuando reformó la Ley de extranjería en el año 2009, en virtud de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.

Por otra parte, la posibilidad prevista en el art. 5 .2 del Reglamento de habilitar centros de internamiento de carácter provisional tampoco se ha aplicado de manera correcta en el presente caso, ya que la misma ha sido condicionada por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 807/2015, de 10 de febrero de 2015,FJ 2º a que el Ministerio del Interior adopte la decisión formal de su creación. En el fundamento jurídico segundo de dicha sentencia se afirma que “el artículo 5 del Reglamento, ni en el primero ni en el segundo apartado, establece supuesto alguno de privación de libertad, sino que atribuye la competencia para crear centros con carácter permanente al Ministro del Interior y prevé la posibilidad para, en caso de necesidad, habilitar centros con carácter temporal o provisional; decisión ésta que hay que entender que corresponde igualmente al Ministro del Interior y que no supone, en último extremo, más que la posibilidad de crear, además de los centros de internamiento permanentes, otros con carácter provisional y presumiblemente transitorio por razones de emergencia”.

En el caso de la prisión de Archidona no existe una decisión del Ministro del Interior en relación con la habilitación del Centro Penitenciario de Málaga II como centro temporal o provisional de internamiento de extranjeros. Tampoco se puede hacer depender esa privación de libertad, como así determina el auto de internamiento, del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga porque este quedó clausurado por Orden PRE/9/2013, de 8 de enero, publicada en el BOE de 17 de enero de 2013. Y, por su parte, la Orden INT/247/2017, de 16 de marzo, creó el Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona (Málaga),BOE de 18 de marzo.

Una cárcel invisible para inmigrantes

A nadie se le escapa que la tecnología ha modificado los aspectos más cotidianos de la vida. La red Internet, los Smartphones y sus Apps, las viviendas y edificios inteligentes, los numerosos e incesantes avances en el sector del transporte y la comunicación, etc. son solo algunas representaciones de la era tecnológica y postmodernista. Las TIC se caracterizan por su pragmatismo, versatilidad y vanguardia, de ahí que su expansión y perpetuidad en el tiempo resulten imparables. ¿Quién quiere o puede prescindir de soluciones que optimizan nuestro día a día?, ¿cómo escapar de una realidad virtual que nos envuelve y eleva a otras formas de comunicación? Los márgenes de elección son reducidos, sobre todo en aquellas sociedades más desarrolladas o enchufadas cuyos nativos digitales se socializan en entornos 2.0.

Los poderes públicos no son ajenos a la llamada revolución tecnológica (Nagenborg, 2014) ni a sus prestaciones, por el contrario la emplean para una gestión más eficiente de los recursos. Gómez Bahillo señala que “la sociedad del siglo XXI requiere de nuevos saberes, tecnologías y planteamientos para gestionar la actividad que se desarrolla dentro y fuera de cualquier organización o grupo” (Gómez Bahillo, 2006, 50). Este hecho se evidencia fácilmente en el ámbito del control social del delito. Si tradicionalmente se garantizaba el cumplimiento de una pena privativa de libertad en espacios físicos cerrados, en la actualidad el control y la vigilancia de un sujeto puede realizarse a distancia, como si de una cárcel virtual se tratara. Me refiero al control electrónico de delincuentes o electronic monitoring. Gracias a los desarrollos tecnológicos llevados a cabo en los años 60 por Ralph Kirkland Schwitzgebel y su equipo en el ámbito de la psicología conductual, hoy en día contamos con dispositivos que se adhieren al cuerpo de un individuo rastreando sus movimientos (Véanse: Schwitzgebel, 1969, 233-238 y Schwitzgebel y Bird, 1970, 99-105). No obstante desde aquellos primeros experimentos el campo del control electrónico ha sufrido profundas transformaciones. A nivel tecnológico la aparición de los sistemas de seguimiento GPS permitieron la geolocalización de un sujeto en cualquier espacio y tiempo las 24 horas del día superando así la intensidad del control ejercida por los sistemas de radiofrecuencia (RF), que únicamente verificaban su ausencia o presencia respecto de un lugar determinado (por ejemplo: el domicilio).

También evolucionaron los motivos de su aplicación. La tecnología ya no se emplea únicamente para modificar conductas que favorecen la reinserción del sujeto, sino que otros fines, como la inocuización de sujetos peligrosos y la descongestión de centros de internamiento, han ganado gran protagonismo.

De esta forma, hoy en día el control electrónico de delincuentes –o presuntos delincuentes- se aplica con diferentes objetivos y medios tecnológicos en dos grandes ámbitos. Partiendo de la clasificación general y consensuada en la literatura existente (Walter, 2001, 8-9) estos se establecen en función de si la imposición del control ha sido anterior o posterior a la estancia del sujeto en prisión, esto es, si su aplicación ha sido “front door” o “back door”. El primer conjunto estaría integrado por: la fianza (1), la prisión preventiva (2), la orden de alejamiento y la pena de prohibición de aproximación a ciertos lugares y personas (3), la pena autónoma de localización permanente o arresto domiciliario (4) y la sustitución o suspensión de la pena u otras figuras afines (5). A su vez, dentro de este grupo es posible diferenciar las medidas cautelares (fianza, prisión preventiva y orden de alejamiento) de aquellas penas alternativas a la prisión (prohibición de aproximación, localización permanente y sustitución o suspensión). Por su parte, el control electrónico aplicado en un momento posterior a la entrada del sujeto en prisión tiene lugar en: la excarcelación anticipada (6), en la libertad condicional (7) y a modo de medida de seguridad tras la extinción del cumplimiento de la pena privativa de libertad o medida postpenitenciaria (8). Cabe destacar que el 66,7% de los países hace un uso front y back door, seguido de un 17,8% front door y un 15,6% back door (Arenas, 2017, 111).

Además es posible distinguir ciertas tendencias de aplicación entre los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia y Nueva Zelanda la tecnología está presente en múltiples ámbitos mientras que en Europa del Este y ciertos países sudamericanos (Uruguay y Chile) su uso es más limitado. Así mismo se aprecia una relación entre los tipos tecnológicos (RF o GPS) con los motivos y ámbitos de aplicación. Es decir, los sistemas menos intensivos (RF) se aplican con fines de reinserción en la excarcelación anticipada y sustitución o suspensión de la pena, sin embargo los sistemas GPS se emplean para incapacitar o neutralizar a sujetos considerados peligrosos y sobre los que pesa una orden de alejamiento o medida postpenitenciaria (me refiero a terroristas, agresores sexuales y de pareja). Aquí los términos “inocuizar”, y de forma análoga “neutralizar”, aparecen vinculados a la finalidad preventivo especial negativa de cierto tipo de penas en el marco de las teorías de las penas preventivistas o relativas (Díez Ripollés, 2016; Luzón Peña, 2016; Muñoz Conde y García Arán, 2004), y que, en el ámbito de la monitorización, no se refieren al aislamiento físico en la prisión o tras unos barrotes, sino a un aislamiento o restricción severa de la libertad personal ambulatoria.

De  lo anterior se deduce que existe una cierta proporcionalidad entre el grado de supervisión tecnológica y el nivel del riesgo que presenta el sujeto. No obstante dicha lógica se ha visto modificada a finales de 2014 cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o “Inmigration and Customs Enforcement”  (ICE), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y responsable de la aplicación de las leyes de inmigración, llevó a cabo las primeras pruebas piloto para rastrear con sistemas GPS a inmigrantes sorprendidos en el cruce de la frontera con México, en concreto, en el Valle del Río Grande de Texas. Por primera vez se utilizan sistemas de seguimiento intensivo con sujetos que no han cometido delitos graves surgiendo así un nuevo campo de monitorización “front door”: la localización permanente cautelar de inmigrantes.

Pero, ¿por qué recurrir a esta solución tecnológica? Según el ICE alrededor del 70% de los inmigrantes detenidos en espacio fronterizo no se personan posteriormente en las oficinas de inmigración para efectuar los controles pertinentes, en otras palabras, desaparecen en territorio estadounidense después de haber sido identificados por la policía. Las altas tasas de incumplimiento y la falta de espacio en las prisiones que acogen a los inmigrantes y sus familias motivaron la búsqueda de nuevas inventivas que se materializaron en el programa RGV250.

¿Qué es el programa RGV250?

El 1 de diciembre de 2014 el ICE puso en marcha el programa piloto RGV250 con el fin de monitorizar a 250 personas que migraban ilegalmente a EEUU inmediatamente después de ser detenidas y registradas por los agentes policiales de la Unidad de Operaciones de Detención y Deportación o “Enforcement and Removal Operations” (ERO). Con carácter general se pretendía garantizar el cumplimiento de las condiciones del programa de detención provisional mientras el juez de migración valoraba si procedía o no la deportación definitiva de estas personas, procedimiento que puede dilatarse años.

Los objetivos específicos del programa respondían a tres preguntas fundamentales: ¿los inmigrantes indocumentados registrados en frontera llegan a la oficina del ERO que les corresponde por ubicarse en la ciudad a la que aseguran trasladarse?, ¿cuánto tardan en llegar a la misma?, ¿cometen infracciones durante su travesía? Para verificar lo anterior, tal y como se ha mencionado, los servicios de alternativas a la detención dependientes del ICE recurrieron a la tecnología GPS. Los agentes del ERO colocan un dispositivo a los inmigrantes –en forma de pulsera o tobillera- conectado a varios satélites que rastrea todas las coordenadas emitidas por el aparato, permitiendo así conocer la ubicación exacta de la persona. El aparato puede triangular las señales desde los satélites para determinar la latitud, longitud y altitud del dispositivo a tiempo real (Buck, 2009, 2-4; Downing, 2006, 2-45). Los datos se transmiten y se registran en un centro de control, el cual maneja a través de un software toda la información recopilada (OSET, 2009, 35). Además, el aparato lleva integrado un sistema de telefonía móvil (GSRM y 3G) que complementa la tecnología GPS con el fin de seguir transmitiendo información si se producen fallos con la conexión satelital, es decir, en zonas cubiertas o fuera de cobertura, tales como túneles, la red de metro, sótanos, paredes gruesas, etc. (Brown, McCabe y Welford, 2007, 7 y 14). En estos puntos muertos los sujetos no pueden ser monitorizados a tiempo real, aunque el sistema GPS continúa registrando toda la información sobre su ubicación.

Habitualmente, el sujeto puede circular libremente excepto en aquellas áreas determinadas como prohibidas o de exclusión. Suele tratarse de parques y escuelas para un pedófilo, un lugar de trabajo para un agresor de violencia doméstica, infraestructuras críticas para terroristas o estadios de futbol para aficionados violentos. En el caso de personas inmigrantes no se establecen áreas de exclusión prefijadas pues no representan un riesgo para otros sujetos e infraestructuras, se controla, por tanto, que lleguen en un tiempo determinado a las oficinas ERO asignadas y que permanezcan en su ciudad de residencia temporal, además de cumplir con los requerimientos técnicos del programa. Con respecto al plazo de llegada, el ICE otorgó 15 días a los inmigrantes para que verificaran su presencia en las oficinas del ERO de destino, si bien en algunos casos se podía exceder el límite debido a la adversidad del clima durante la travesía. En cuanto al manejo de los dispositivos, se vigila, principalmente, que el inmigrante no manipule o corte la correa del dispositivo, descargue intencionalmente la batería o viaje a una ubicación diferente a la prevista en su itinerario. Si se produjera alguna de las situaciones anteriores podrían aumentarse los requisitos de supervisión o incluso decretarse el ingreso en un centro de detención (Informe Rutgers School of Law-Newark, 2012, 103).

¿A qué perfil de inmigrante se aplica el programa?

Está dirigido a inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública pero que corren un mayor riesgo de cometer actos delictivos o de no comparecer en las fechas señaladas por los servicios del ICE. Si representaran una grave amenaza para la seguridad pública serían encarcelados en centros de internamiento para inmigrantes, por tanto quedan excluidos aquellos con bajo riesgo de fuga o para la comunidad. Normalmente se trata de inmigrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala sin antecedentes penales y que cuentan con familia y trabajo en EEUU.

¿Qué ventajas y desventajas se reconocen en su aplicación?

El programa RGV250 ha sido ensalzado por sus precursores y criticado por los colectivos de defensa de derechos de los inmigrantes. A modo de síntesis, entre sus principales ventajas se destacan: suponer un mal menor al encarcelamiento, ser eficaz para cumplir las condiciones de la detención, evitar las muertes en la travesía y suponer un menor coste que el internamiento al tiempo que descongestiona los centros de reclusión  de inmigrantes. En cuanto a la primera, se argumenta que la monitorización permite al inmigrante trabajar y llevar una vida familiar y comunitaria normalizada, situación inviable en prisión.

En cuanto a la eficacia del programa, según un informe interno emitido por el supervisor de la oficina de detención y deportación del ICE en agosto de 2015 en respuesta a un requerimiento efectuado por un particular, 242 de los 250 de los inmigrantes monitorizados (96,8%) habían cumplido las condiciones del programa en febrero de 2015. Si bien 8 de ellos se dieron a la fuga haciendo desaparecer los dispositivos en la mitad de los casos. Además 199 de los 242 (82,2%) llegaron a la oficina del ICE dentro de los plazos establecidos, los 43 restantes (17,8%) lo hicieron dos semanas después. Dichos resultados preliminares fueron considerados muy positivos, sobre todo al compararlos con el grupo de control (inmigrantes identificados y no monitorizados) que tardó un promedio de 33 días. Se constató así que gracias a la tecnología se podían cumplir plazos de comparecencia más cortos.

Con respecto a la tercera ventaja, se argumenta que la monitorización puede evitar que los inmigrantes se pierdan en el desierto y/o fallezcan, por lo que supondría un protección o garantía extra, pues permite el rescate y auxilio en caso de accidente. También se expone que el GPS es una alternativa más económica al tradicional internamiento. La lógica es la siguiente: si un inmigrante monitorizado cuesta alrededor de 3.50 dólares diarios de promedio esta cifra asciende a 119 por día cuando es encarcelado. Se trata de una ventaja bien conocida por las instituciones públicas y académicos especializados en la materia, y también con gran peso en la toma de decisiones político-criminales. Tanto es así, que el ICE, basándose en los datos del programa piloto, realizó una estimación de beneficios y costes económicos en un futuro programa de monitorización a gran escala. Si en el piloto se extraviaron 4  GPS de 250, en un programa con 29.000 participantes se perderían unos 464, lo que supondría un coste directo de aproximadamente 928.000 dólares. Gasto que parecen dispuestos a asumir. En este sentido, Patricia Montes,  representante de la asociación sin ánimo de lucro “Centro Presente”, y cuyo objetivo es la defensa de los derechos de los migrantes, acusó al ICE de “confabularse con empresas privadas para crear este tipo de rastreadores electrónicos con el único objetivo de hacer dinero utilizando a los indocumentados”. Señaló también que “muchas compañías se están haciendo millonarias con este tipo de brazalete electrónico que le están colocando a los indocumentados, ellos se han dado cuenta que utilizando este tipo de aparatos en personas inocentes pueden hacer mucho dinero”. En otros términos, se subraya que el modelo económico capitalista se ha trasladado al mundo de las pulseras electrónicas, pues su fabricación en grandes cantidades sería un negocio rentable para la administración y las empresas proveedoras.

Relacionada con esta argumentación utilitarista aparece el fin de la descongestión. La tecnología no solo supondría un ahorro económico sino de cupos, especialmente en aquellos centros con problemas de sobrepoblación penitenciaria. Nuevamente esta motivación ha guiado e impulsado la aparición de la tecnología en muchos países, sobre todo en Norteamérica e Iberoamérica, cuyas tasas de encarcelados por 100.000 habitantes es muy superior a la media europea. Con esta medida el ICE no solo se asegura un seguimiento exhaustivo de inmigrantes, sino también un aumento de la capacidad de sus centros de internamiento.

Con respecto a las desventajas, se mencionan: cierta incoherencia en los criterios de aplicación, escasa información otorgada a los participantes sobre las condiciones del programa y sus niveles de restricción, y los impactos físicos y psicológicos tanto en los sujetos monitorizados como en sus familias. La falta de criterios coherentes de aplicación se identifica con el perfil del inmigrante.  Se critica que la vigilancia intensiva se ejerce precisamente sobre aquel con pocas posibilidades de ser deportado al estar integrado en comunidad y/o recibiendo ayudas económicas, es decir, sobre el que menos lo necesita.

La escasa información viene dada por las dificultades para comprender el idioma. Así, en diversas noticias de prensa, algunos inmigrantes indicaron que les hicieron firmar un documento que no entendieron lo que decía debido a que estaba escrito en inglés. Una vez que firmaron, les colocaron inmediatamente el rastreador electrónico el cual tienen que llevar puesto en sus tobillos las 24 horas del día”. Y también en otro testimonio se recoge que “fui a Inmigración, no sabía que me colocarían un grillete. Cuando entré al edificio me lo colocaron. Yo no sabía si se podía usar el grillete con botas, así que ese día estaba nevando y me fui en calcetines”.

Sin embargo la desventaja más notable es la referida a los impactos físicos y psicológicos, realidad muy evidenciada en la literatura existente en la materia (Mair y Nee, 1990; Kensey y otros, 2003; Payne y Gainey, 2004; Torres Rosell y otros, 2008; Martin, Hanrahan y Bowers, 2009; Vanhaelemeesch y otros, 2014; Vanhaelemeesch, 2014; entre otros) y acorde a la visión de los inmigrantes en sus entrevistas con los medios. Me refiero a las molestias físicas, tales como: rozaduras, quemaduras en la piel al cargar la batería, dolor de cabeza, mareos e incluso estados depresivos; aunque también a la vergüenza y el estigma social causado por la visibilidad del dispositivo. Definen el GPS como “un objeto incómodo y vergonzoso”. Una inmigrante comentó que “estaba un día en la iglesia. Estábamos en oración, en silencio, cuando el grillete empezó a sonar. Casi todos se dieron la vuelta a ver”. En esta línea, Patricia Montes señala que “quieren hace ver al indocumentado como una amenaza a la seguridad pública de este país”. Se refiere principalmente a la identificación del inmigrante con un delincuente potencialmente peligroso y a la afectación de esa etiqueta en la esfera social del sujeto, lo cual produce sentimientos negativos y una modificación de los hábitos de vida (dejar de acudir a lugares, ocultarse, no solicitar determinados trabajos, etc). No obstante, representantes del ICE mencionan que “oficialmente no poseen informes de accidentes causados por el uso de estos aparatos y tampoco hay estudios que demuestren que su empleo prolongado puede causar un daño a la salud”.

Discusión

Los buenos resultados del programa RGV250 motivaron su expansión posterior. Se consideró que era eficaz, pues se obtenían altas tasas de cumplimiento (más elevadas que en casos sin monitorizar), y también eficiente, por la gran capacidad de ahorro económico frente al encarcelamiento. En la actualidad el ICE prevé una aplicación masiva de dispositivos GPS para monitorizar al 42% de los inmigrantes detenidos al cruzar la frontera (29.000 de un total de 68.000). Ello situaría al control electrónico como una de las medidas alternativas a la detención más importantes, implicando una mayor presencia de agentes ERO especializados en la materia, así como un gran nicho de mercado para las empresas del sector.

Sin embargo, en este cálculo de eficacia y eficiencia no se han considerado las críticas a la legitimidad ética del enfoque preventivo situacional acorde a la cultura del control del riesgo, ni los posibles impactos sobre las personas. Ya se refirió que la tecnología GPS había estado tradicionalmente relegada a subgrupos de sujetos considerados peligrosos y que representaban un riesgo para la seguridad pública, de ahí que se pretendiera reducir sus oportunidades delictivas mediante su inocuización o incapacitación. No obstante, según los requisitos del programa RGV250 la tecnología se aplica, precisamente, a un perfil de sujeto que no supone una grave amenaza para la seguridad pública, pues de ser así se decide su reclusión. En este sentido cabe preguntarse, ¿por qué se les controla con una tecnología intensiva destinada a la neutralización de delincuentes?, ¿por qué si no presentan un riesgo manifiesto?, ¿podemos justificar su imposición teniendo en cuenta que no se trata de sujetos delincuentes?, ¿hasta qué punto no se están vulnerando sus derechos fundamentales -especialmente el derecho a la libertad personal ambulatoria, el honor y la intimidad- si se trata de sujetos inocentes cuya situación irregular es a priori temporal?, ¿resulta proporcional dicha afectación a sus derechos?, esto es, ¿no existen otras medidas más idóneas y necesarias para alcanzar unos objetivos similares?. También cabría preguntarse: ¿por qué se excluye la evaluación de esta política pública antes de hacerla efectiva?, ¿por qué no realizar un profundo análisis de los impactos de las políticas criminales adoptadas a través de evaluaciones pre-post (Díez Ripollés, 2003; Becerra, 2013)?, ¿cuánto gasto económico puede conllevar el GPS frente a la alternativa de detención no monitorizada?, ¿cómo se estima el ahorro en estos casos?, ¿cuántos inmigrantes de bajo o medio riesgo están siendo encarcelados y que ahorro en cupos supondría su liberación?.

Responder a las cuestiones anteriores excede el propósito de este post, aunque cabe destacar que ninguna de ellas ha sido formulada a la hora de implementar los sistemas y promover su expansión. Tampoco se ha profundizado en las causas que llevaron a las personas inmigrantes a abandonar sus países de origen, más bien la atención se focaliza en la eliminación del riesgo –y en sus síntomas-, siendo el inmigrante quien lo representa cuando invade territorio ajeno. El estado norteamericano parece estar más preocupado en ejercer su dominancia y poder en aquel escenario donde se produce el pulso –la frontera- que en plantear otro tipo de  soluciones que reconozcan la grave crisis social, política y humanitaria que motiva el desplazamiento de miles de personas a entornos más seguros y prósperos.

Y es que, a lo largo de la historia del control electrónico ningún país que haya recurrido al mismo lo ha rechazado posteriormente, con independencia de para qué lo haya empleado. Esta nueva modalidad de monitorización no resulta una excepción y el modelo norteamericano –como ha ocurrido en muchas ocasiones- presenta visos de ser extrapolado a Europa, en tanto en cuanto el fenómeno de la inmigración también supone un gran desafío y es generador de múltiples debates, muchos de ellos avivados desde el miedo y rechazo al inmigrante. Por ello, y considerando la actual deriva político-criminal española en materia de inmigración –dura y excluyente (García España, 2016 y 2017)- se debe reflexionar sobre este tipo de soluciones o parches -rápidos, baratos y muy tentadores- para no extenderlos por defecto en otros territorios (Nellis, 2014). Más acertado sería llevar a cabo un estudio criminológico que valore todas las posibles implicaciones de un modelo tal en Europa, considerando en primera instancia si verdaderamente se justifica su existencia y, de ser así, cómo podrían ser contenidos sus efectos más nocivos.

Referencias

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Autora: Lorea Arenas García. Doctora en Criminología y profesora Universidad Loyola Andalucía

 

Los “parches” normalizados de la desprotección de menores en Melilla

Los menores extranjeros que llegan solos a nuestras ciudades han de ser inmediatamente tutelados y, en consecuencia, protegidos por la administración pública. Este es un compromiso y objetivo de nuestro sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que además de ser incuestionable, nos define como sociedad responsable y preocupada por el bienestar de los niños y niñas.
Fruto de ello, se producen situaciones como la que actualmente se vive en la provincia de Cádiz, donde alrededor de 60 menores están siendo alojados de manera provisional en instalaciones de un camping y atendidos por los técnicos de la Fundación SAMU, entidad a la que la Junta de Andalucía ha encargado su custodia. (Veáse en https://politica.elpais.com/politica/2017/08/24/actualidad/1503572812_896241.html).

Este hecho es un ejemplo de “parche inapropiado” hacia la protección de estos menores, sobre el que en este momento no me paro a reflexionar y sobre el que me consta que profesionales y colectivos sociales están alertas y ocupados en su resolución y seguimiento. Sin embargo, sí que quiero pararme ante ello para evidenciar una vez más la total anomalía jurídica e impunidad en la que se mantiene instalada la Consejería de Bienestar Social de Melilla en materia de protección de menores. Este ejemplo de “parche inapropiado” que se produce en Andalucía, es un ejemplo claro de incumplimiento absoluto e impune de todas las obligaciones y competencias que existen en Melilla igual que en Cádiz, respecto a la protección de los menores extranjeros no acompañados.

Mientras que en Cádiz se “parchea” para garantizar que 60 menores tengan alojamiento, manutención y acompañamiento durante el tiempo (obviamente provisional) que permita poder atenderlos en centros adecuados, en Melilla desde hace años se viene garantizando que en torno a 100 menores vivan en la calle día a día, sin ningún tipo de protección.
Lo ocurrido en Cádiz, aun siendo un ejemplo de “parcheo”, resulta de gran utilidad para ejemplarizar los “parches” que constantemente se producen en Melilla respecto a la desprotección de menores. ¿Qué conclusiones se extraen de este ejemplo?:

1. Nuestro sistema de protección a la infancia y adolescencia ofrece un trato discriminatorio (no igualitario) en función de la comunidad autónoma en la que los menores se encuentren.

2. No existe ningún control ni responsabilidad sobre la incompetencia ante los compromisos en materia de protección de menores. La respuesta que da la administración pública ante sus obligaciones respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, resulta arbitraria e incluso voluntaria, sin ninguna consecuencia para sus responsables políticos.

3. En Melilla, la excepción e incumplimiento jurídico se ha hecho norma. Lo que en otras comunidades autónomas es una situación anómala que hay que abordar con urgencia (sin dejar a menores desprotegidos en la calle), en Melilla es una realidad constante, conocida y normalizada.

En resumen, ofrecer un trato discriminatorio y arbitrario hacia los menores, en concreto hacia los que viven en la calle en Melilla, sin que exista ningún control ni responsabilidad respecto a ello y sin que se adopten medidas inmediatas y efectivas que lo eviten, es un ejemplo claro de MALTRATO INSTITUCIONAL, que implica no solo a los responsables políticos de la comunidad autónoma sino que alcanza a todas las administraciones garantes del bienestar de la infancia y adolescencia en el estado español.

Mariola Palma García
Profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales y Colaboradora del OCSPI
Universidad de Málaga

 

Comunicado #Defenderaquiendefiende del Colectivo Caminando Fronteras

En las redes se está amenazando e insultando a quien defiende los Derechos humanos en la frontera sur de España. Así cuenta Caminando Fronteras lo que está sucediendo…

Tánger a 16 de agosto de 2017

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“”Desde Caminando Fronteras queremos denunciar los hechos que vienen marcando nuestra actividad profesional desde hace años y que se han agravado en las últimas semanas; denotando la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos en la Frontera Sur española.

Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses. Esto es precisamente lo que ha sucedido en las últimas semanas cuando una persona integrante de nuestro colectivo, en concreto nuestra compañera Helena Maleno Garzón, ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que “la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”.

A partir de estas declaraciones se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a nuestra compañera, intentando por enésima vez coartar su actividad política. Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personaldonde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales.

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Pero el cúlmen sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes. Seguidamente Helena recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.

Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida. Pero no es suficiente. Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los Derechos Humanos, especialmente en la Frontera Sur española, es una vieja práctica política que compañeros como Moha Gerehou de SOS RACISMO, las compañeras de HARRAGA (María Antúnez, Rosa García, Nora Driss y Sara Olcina), o José Palazón de PRODEIN, también han padecido entre otras.

Por ello nos vemos obligadas a denunciar estos hechos más allá de la vía judicial interpelando a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.””

Adhesiones:

1. ADESGUIM (Guinea Conakry/ Marruecos)

2. Alianza por la Solidaridad (España)

3. Alternativa antimilitarista MOC València (España)

4. Amycos (España)

5. Andalucía Acoge (España)

6. Asociación Arrímense (España)

7. Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (España)

8. Asociación Apoyo (España)

9. Assemblea de Migrants i Refugiats 2 de Abril (España)

10. Association Alkhaima (Marruecos)

11. Associazione de promozione sociale ‘Todo Cambia’ (Italia)

12. Asociación sin Papeles de Madrid

13. Campaña CIEsNO y Fin de las Deportaciones (España)

14. Caminando Fronteras (Marruecos/ España)

15. Canarias Libre de CIE (España)

16. Caravana Abriendo Fronteras (España)

 17. Caravana Frontera Sur de Nafarroa (España)

 18.CaravanoMigranti (Italia)

19. Casa de ma dona (España)

20. CEDSALA (España)

21. Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordoba (México)

22. CiesNo Valencia (España)

23. Coalición Internacional Sin Papeles

24. Colectivo Hourria (España)

25. Comission For European Filipinian Workers (Europa)

26. Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (Marruecos)

27. Coordinadora de Barrios (España)

28. Coordinadora de prevención y denuncia de la Tortura (España)

29. Entrepueblos/ Entrepobles/ Entrepobos/ Herriarte (España)

30. Espacio del Inmigrante (España)

31. France Amérique Latine (Francia)

32. Federación SOS Racismo (España)

33. Fotomovimiento (España)

34. H.I.J.O.S Barcelona (España)

35. HOAC Valencia (España)

36. Inmigrapenal (España)

37. Institucional-RAIN (España)

38. Joves Avançant (España)

39. Jóvenes en Pie (España)

40. Juventud Morada (España)

41. La Terre Pour Tout (Túnez)

42. Marx21 (España)

43. Mesa de Solidaritat amb els immigrants (España)

44. Metromuster (España)

45. Noves Vies (España)

46. Obrim Fronteres (España)

47. Platform of Filipino Migrants Organisations in Europe (Europa)

48. Red Interlavapiés (Madrid)

49. Red Solidària de Acogida (España)

50. Rereguarda (España)

51. San Carlos Borromeo (España)

52. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (España)

53. SERCADE

54. Servicio Jesuíta Migrante (España)

55. SOS Racismo Nafarroa (España)

56. SOS Racismo Madrid (España)

57.Tanquem els CIE (España)

58. Transnational Migrant Platform Europe (Europa)

59.Territorio Doméstico

60. ProDeIn (España)

61. Unitat contra el Feixismo i el Racisme (España)

62. València Acull/València Acoge (España)

63. Veritá e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos (Italia)

64. CUP

65. Stop Mare Mortum

66. Iridia

67. Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI)

68. Entreiguales

69. Tras la Manta

70. Cooperativa Estatal de Lateros y Manteros

71. Foro Alternativo de la Inmigración

72. Migroeurope España

73. Transnational Institute (TNI)

74. Ahora Madrid

75. Ongi Etorri Errefuxiatuak’

76. Feministalde

77. Paz con Dignidad

78. Viento Sur

79. Anticapitalistas

80. Red Musulmanas

81. Podemos Comunidad Madrid

82. Madres Unidas contra la Droga

83. Vejer sin Fronteras

84. Convivir sin Racismo Murcia

85. NOVACT

86. Asociación Intercultural Candombe

87. Anarquismo en PDF

88. Podemos Migraciones Ceuta

89. Paz con Dignidad

90. Sindicato de Periodistas de Andalucía

91. Asociación de Abogados Libres de Zaragoza (ALAZ).

92. En Comú Podem

93. ARCOM (Marruecos)

94. Asociación de Mujeres Eleanor Rooselvet

95. REAS-Euskadi

96. Barcelona En Comú

97. Centro de documentación e información Bolivia, CEDIB (Bolivia)

98. Plataforma Somos Migrantes Sevilla

99. ESPACIOS BERAKAH.

100. INICIATIVA CAMBIO PERSONAL, JUSTICIA GLOBAL.

101. MESA DE LA INMIGRACIÓN DE SEVILLA.

102. Aturem La Guerra Mollet

103. Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (Méjico)

104. Mujeres Pa’lante,colectivo de mujeres migradas de Barcelona

105. MAB ( Movimiento de Afectados por Represa Brasil)

106. Fronteras sin filtro

107. Fundación Amaranta

108. Proderechos Humanos de España

109. Instituto para la Democracia y el Municipalismo (IDM)

110. IU Madrid

111. Asociación de Amigos del Alto-Bolivia Murcia

112. Plataforma de Inmigración de Molina de Segura

113. GADEM (Marruecos)

114. Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (Ecuador)

115. No somos delito

116. Bienvenidos Refugiados Huesca

117. Equo

118. Grupo activista transfeminista antirracista de Barcelona

119. Fundación Raíces

120. Tic-tac – Taller de Intervenciones y Críticas Transfeministas Combativas

121. AFENOR – Asociación de Formadores de Enseñanza no Reglada

122. Plataforma Somos migrantes Sevilla

123. FIDH

124. Amnistía Internacional España

125. Médicos del Mundo

126. Red Acoge

127. Anticapitalistas

https://caminandofronteras.wordpress.com/2017/08/16/comunicado-defenderaquiendefiende/