Una cárcel invisible para inmigrantes

A nadie se le escapa que la tecnología ha modificado los aspectos más cotidianos de la vida. La red Internet, los Smartphones y sus Apps, las viviendas y edificios inteligentes, los numerosos e incesantes avances en el sector del transporte y la comunicación, etc. son solo algunas representaciones de la era tecnológica y postmodernista. Las TIC se caracterizan por su pragmatismo, versatilidad y vanguardia, de ahí que su expansión y perpetuidad en el tiempo resulten imparables. ¿Quién quiere o puede prescindir de soluciones que optimizan nuestro día a día?, ¿cómo escapar de una realidad virtual que nos envuelve y eleva a otras formas de comunicación? Los márgenes de elección son reducidos, sobre todo en aquellas sociedades más desarrolladas o enchufadas cuyos nativos digitales se socializan en entornos 2.0.

Los poderes públicos no son ajenos a la llamada revolución tecnológica (Nagenborg, 2014) ni a sus prestaciones, por el contrario la emplean para una gestión más eficiente de los recursos. Gómez Bahillo señala que “la sociedad del siglo XXI requiere de nuevos saberes, tecnologías y planteamientos para gestionar la actividad que se desarrolla dentro y fuera de cualquier organización o grupo” (Gómez Bahillo, 2006, 50). Este hecho se evidencia fácilmente en el ámbito del control social del delito. Si tradicionalmente se garantizaba el cumplimiento de una pena privativa de libertad en espacios físicos cerrados, en la actualidad el control y la vigilancia de un sujeto puede realizarse a distancia, como si de una cárcel virtual se tratara. Me refiero al control electrónico de delincuentes o electronic monitoring. Gracias a los desarrollos tecnológicos llevados a cabo en los años 60 por Ralph Kirkland Schwitzgebel y su equipo en el ámbito de la psicología conductual, hoy en día contamos con dispositivos que se adhieren al cuerpo de un individuo rastreando sus movimientos (Véanse: Schwitzgebel, 1969, 233-238 y Schwitzgebel y Bird, 1970, 99-105). No obstante desde aquellos primeros experimentos el campo del control electrónico ha sufrido profundas transformaciones. A nivel tecnológico la aparición de los sistemas de seguimiento GPS permitieron la geolocalización de un sujeto en cualquier espacio y tiempo las 24 horas del día superando así la intensidad del control ejercida por los sistemas de radiofrecuencia (RF), que únicamente verificaban su ausencia o presencia respecto de un lugar determinado (por ejemplo: el domicilio).

También evolucionaron los motivos de su aplicación. La tecnología ya no se emplea únicamente para modificar conductas que favorecen la reinserción del sujeto, sino que otros fines, como la inocuización de sujetos peligrosos y la descongestión de centros de internamiento, han ganado gran protagonismo.

De esta forma, hoy en día el control electrónico de delincuentes –o presuntos delincuentes- se aplica con diferentes objetivos y medios tecnológicos en dos grandes ámbitos. Partiendo de la clasificación general y consensuada en la literatura existente (Walter, 2001, 8-9) estos se establecen en función de si la imposición del control ha sido anterior o posterior a la estancia del sujeto en prisión, esto es, si su aplicación ha sido “front door” o “back door”. El primer conjunto estaría integrado por: la fianza (1), la prisión preventiva (2), la orden de alejamiento y la pena de prohibición de aproximación a ciertos lugares y personas (3), la pena autónoma de localización permanente o arresto domiciliario (4) y la sustitución o suspensión de la pena u otras figuras afines (5). A su vez, dentro de este grupo es posible diferenciar las medidas cautelares (fianza, prisión preventiva y orden de alejamiento) de aquellas penas alternativas a la prisión (prohibición de aproximación, localización permanente y sustitución o suspensión). Por su parte, el control electrónico aplicado en un momento posterior a la entrada del sujeto en prisión tiene lugar en: la excarcelación anticipada (6), en la libertad condicional (7) y a modo de medida de seguridad tras la extinción del cumplimiento de la pena privativa de libertad o medida postpenitenciaria (8). Cabe destacar que el 66,7% de los países hace un uso front y back door, seguido de un 17,8% front door y un 15,6% back door (Arenas, 2017, 111).

Además es posible distinguir ciertas tendencias de aplicación entre los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia y Nueva Zelanda la tecnología está presente en múltiples ámbitos mientras que en Europa del Este y ciertos países sudamericanos (Uruguay y Chile) su uso es más limitado. Así mismo se aprecia una relación entre los tipos tecnológicos (RF o GPS) con los motivos y ámbitos de aplicación. Es decir, los sistemas menos intensivos (RF) se aplican con fines de reinserción en la excarcelación anticipada y sustitución o suspensión de la pena, sin embargo los sistemas GPS se emplean para incapacitar o neutralizar a sujetos considerados peligrosos y sobre los que pesa una orden de alejamiento o medida postpenitenciaria (me refiero a terroristas, agresores sexuales y de pareja). Aquí los términos “inocuizar”, y de forma análoga “neutralizar”, aparecen vinculados a la finalidad preventivo especial negativa de cierto tipo de penas en el marco de las teorías de las penas preventivistas o relativas (Díez Ripollés, 2016; Luzón Peña, 2016; Muñoz Conde y García Arán, 2004), y que, en el ámbito de la monitorización, no se refieren al aislamiento físico en la prisión o tras unos barrotes, sino a un aislamiento o restricción severa de la libertad personal ambulatoria.

De  lo anterior se deduce que existe una cierta proporcionalidad entre el grado de supervisión tecnológica y el nivel del riesgo que presenta el sujeto. No obstante dicha lógica se ha visto modificada a finales de 2014 cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o “Inmigration and Customs Enforcement”  (ICE), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y responsable de la aplicación de las leyes de inmigración, llevó a cabo las primeras pruebas piloto para rastrear con sistemas GPS a inmigrantes sorprendidos en el cruce de la frontera con México, en concreto, en el Valle del Río Grande de Texas. Por primera vez se utilizan sistemas de seguimiento intensivo con sujetos que no han cometido delitos graves surgiendo así un nuevo campo de monitorización “front door”: la localización permanente cautelar de inmigrantes.

Pero, ¿por qué recurrir a esta solución tecnológica? Según el ICE alrededor del 70% de los inmigrantes detenidos en espacio fronterizo no se personan posteriormente en las oficinas de inmigración para efectuar los controles pertinentes, en otras palabras, desaparecen en territorio estadounidense después de haber sido identificados por la policía. Las altas tasas de incumplimiento y la falta de espacio en las prisiones que acogen a los inmigrantes y sus familias motivaron la búsqueda de nuevas inventivas que se materializaron en el programa RGV250.

¿Qué es el programa RGV250?

El 1 de diciembre de 2014 el ICE puso en marcha el programa piloto RGV250 con el fin de monitorizar a 250 personas que migraban ilegalmente a EEUU inmediatamente después de ser detenidas y registradas por los agentes policiales de la Unidad de Operaciones de Detención y Deportación o “Enforcement and Removal Operations” (ERO). Con carácter general se pretendía garantizar el cumplimiento de las condiciones del programa de detención provisional mientras el juez de migración valoraba si procedía o no la deportación definitiva de estas personas, procedimiento que puede dilatarse años.

Los objetivos específicos del programa respondían a tres preguntas fundamentales: ¿los inmigrantes indocumentados registrados en frontera llegan a la oficina del ERO que les corresponde por ubicarse en la ciudad a la que aseguran trasladarse?, ¿cuánto tardan en llegar a la misma?, ¿cometen infracciones durante su travesía? Para verificar lo anterior, tal y como se ha mencionado, los servicios de alternativas a la detención dependientes del ICE recurrieron a la tecnología GPS. Los agentes del ERO colocan un dispositivo a los inmigrantes –en forma de pulsera o tobillera- conectado a varios satélites que rastrea todas las coordenadas emitidas por el aparato, permitiendo así conocer la ubicación exacta de la persona. El aparato puede triangular las señales desde los satélites para determinar la latitud, longitud y altitud del dispositivo a tiempo real (Buck, 2009, 2-4; Downing, 2006, 2-45). Los datos se transmiten y se registran en un centro de control, el cual maneja a través de un software toda la información recopilada (OSET, 2009, 35). Además, el aparato lleva integrado un sistema de telefonía móvil (GSRM y 3G) que complementa la tecnología GPS con el fin de seguir transmitiendo información si se producen fallos con la conexión satelital, es decir, en zonas cubiertas o fuera de cobertura, tales como túneles, la red de metro, sótanos, paredes gruesas, etc. (Brown, McCabe y Welford, 2007, 7 y 14). En estos puntos muertos los sujetos no pueden ser monitorizados a tiempo real, aunque el sistema GPS continúa registrando toda la información sobre su ubicación.

Habitualmente, el sujeto puede circular libremente excepto en aquellas áreas determinadas como prohibidas o de exclusión. Suele tratarse de parques y escuelas para un pedófilo, un lugar de trabajo para un agresor de violencia doméstica, infraestructuras críticas para terroristas o estadios de futbol para aficionados violentos. En el caso de personas inmigrantes no se establecen áreas de exclusión prefijadas pues no representan un riesgo para otros sujetos e infraestructuras, se controla, por tanto, que lleguen en un tiempo determinado a las oficinas ERO asignadas y que permanezcan en su ciudad de residencia temporal, además de cumplir con los requerimientos técnicos del programa. Con respecto al plazo de llegada, el ICE otorgó 15 días a los inmigrantes para que verificaran su presencia en las oficinas del ERO de destino, si bien en algunos casos se podía exceder el límite debido a la adversidad del clima durante la travesía. En cuanto al manejo de los dispositivos, se vigila, principalmente, que el inmigrante no manipule o corte la correa del dispositivo, descargue intencionalmente la batería o viaje a una ubicación diferente a la prevista en su itinerario. Si se produjera alguna de las situaciones anteriores podrían aumentarse los requisitos de supervisión o incluso decretarse el ingreso en un centro de detención (Informe Rutgers School of Law-Newark, 2012, 103).

¿A qué perfil de inmigrante se aplica el programa?

Está dirigido a inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública pero que corren un mayor riesgo de cometer actos delictivos o de no comparecer en las fechas señaladas por los servicios del ICE. Si representaran una grave amenaza para la seguridad pública serían encarcelados en centros de internamiento para inmigrantes, por tanto quedan excluidos aquellos con bajo riesgo de fuga o para la comunidad. Normalmente se trata de inmigrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala sin antecedentes penales y que cuentan con familia y trabajo en EEUU.

¿Qué ventajas y desventajas se reconocen en su aplicación?

El programa RGV250 ha sido ensalzado por sus precursores y criticado por los colectivos de defensa de derechos de los inmigrantes. A modo de síntesis, entre sus principales ventajas se destacan: suponer un mal menor al encarcelamiento, ser eficaz para cumplir las condiciones de la detención, evitar las muertes en la travesía y suponer un menor coste que el internamiento al tiempo que descongestiona los centros de reclusión  de inmigrantes. En cuanto a la primera, se argumenta que la monitorización permite al inmigrante trabajar y llevar una vida familiar y comunitaria normalizada, situación inviable en prisión.

En cuanto a la eficacia del programa, según un informe interno emitido por el supervisor de la oficina de detención y deportación del ICE en agosto de 2015 en respuesta a un requerimiento efectuado por un particular, 242 de los 250 de los inmigrantes monitorizados (96,8%) habían cumplido las condiciones del programa en febrero de 2015. Si bien 8 de ellos se dieron a la fuga haciendo desaparecer los dispositivos en la mitad de los casos. Además 199 de los 242 (82,2%) llegaron a la oficina del ICE dentro de los plazos establecidos, los 43 restantes (17,8%) lo hicieron dos semanas después. Dichos resultados preliminares fueron considerados muy positivos, sobre todo al compararlos con el grupo de control (inmigrantes identificados y no monitorizados) que tardó un promedio de 33 días. Se constató así que gracias a la tecnología se podían cumplir plazos de comparecencia más cortos.

Con respecto a la tercera ventaja, se argumenta que la monitorización puede evitar que los inmigrantes se pierdan en el desierto y/o fallezcan, por lo que supondría un protección o garantía extra, pues permite el rescate y auxilio en caso de accidente. También se expone que el GPS es una alternativa más económica al tradicional internamiento. La lógica es la siguiente: si un inmigrante monitorizado cuesta alrededor de 3.50 dólares diarios de promedio esta cifra asciende a 119 por día cuando es encarcelado. Se trata de una ventaja bien conocida por las instituciones públicas y académicos especializados en la materia, y también con gran peso en la toma de decisiones político-criminales. Tanto es así, que el ICE, basándose en los datos del programa piloto, realizó una estimación de beneficios y costes económicos en un futuro programa de monitorización a gran escala. Si en el piloto se extraviaron 4  GPS de 250, en un programa con 29.000 participantes se perderían unos 464, lo que supondría un coste directo de aproximadamente 928.000 dólares. Gasto que parecen dispuestos a asumir. En este sentido, Patricia Montes,  representante de la asociación sin ánimo de lucro “Centro Presente”, y cuyo objetivo es la defensa de los derechos de los migrantes, acusó al ICE de “confabularse con empresas privadas para crear este tipo de rastreadores electrónicos con el único objetivo de hacer dinero utilizando a los indocumentados”. Señaló también que “muchas compañías se están haciendo millonarias con este tipo de brazalete electrónico que le están colocando a los indocumentados, ellos se han dado cuenta que utilizando este tipo de aparatos en personas inocentes pueden hacer mucho dinero”. En otros términos, se subraya que el modelo económico capitalista se ha trasladado al mundo de las pulseras electrónicas, pues su fabricación en grandes cantidades sería un negocio rentable para la administración y las empresas proveedoras.

Relacionada con esta argumentación utilitarista aparece el fin de la descongestión. La tecnología no solo supondría un ahorro económico sino de cupos, especialmente en aquellos centros con problemas de sobrepoblación penitenciaria. Nuevamente esta motivación ha guiado e impulsado la aparición de la tecnología en muchos países, sobre todo en Norteamérica e Iberoamérica, cuyas tasas de encarcelados por 100.000 habitantes es muy superior a la media europea. Con esta medida el ICE no solo se asegura un seguimiento exhaustivo de inmigrantes, sino también un aumento de la capacidad de sus centros de internamiento.

Con respecto a las desventajas, se mencionan: cierta incoherencia en los criterios de aplicación, escasa información otorgada a los participantes sobre las condiciones del programa y sus niveles de restricción, y los impactos físicos y psicológicos tanto en los sujetos monitorizados como en sus familias. La falta de criterios coherentes de aplicación se identifica con el perfil del inmigrante.  Se critica que la vigilancia intensiva se ejerce precisamente sobre aquel con pocas posibilidades de ser deportado al estar integrado en comunidad y/o recibiendo ayudas económicas, es decir, sobre el que menos lo necesita.

La escasa información viene dada por las dificultades para comprender el idioma. Así, en diversas noticias de prensa, algunos inmigrantes indicaron que les hicieron firmar un documento que no entendieron lo que decía debido a que estaba escrito en inglés. Una vez que firmaron, les colocaron inmediatamente el rastreador electrónico el cual tienen que llevar puesto en sus tobillos las 24 horas del día”. Y también en otro testimonio se recoge que “fui a Inmigración, no sabía que me colocarían un grillete. Cuando entré al edificio me lo colocaron. Yo no sabía si se podía usar el grillete con botas, así que ese día estaba nevando y me fui en calcetines”.

Sin embargo la desventaja más notable es la referida a los impactos físicos y psicológicos, realidad muy evidenciada en la literatura existente en la materia (Mair y Nee, 1990; Kensey y otros, 2003; Payne y Gainey, 2004; Torres Rosell y otros, 2008; Martin, Hanrahan y Bowers, 2009; Vanhaelemeesch y otros, 2014; Vanhaelemeesch, 2014; entre otros) y acorde a la visión de los inmigrantes en sus entrevistas con los medios. Me refiero a las molestias físicas, tales como: rozaduras, quemaduras en la piel al cargar la batería, dolor de cabeza, mareos e incluso estados depresivos; aunque también a la vergüenza y el estigma social causado por la visibilidad del dispositivo. Definen el GPS como “un objeto incómodo y vergonzoso”. Una inmigrante comentó que “estaba un día en la iglesia. Estábamos en oración, en silencio, cuando el grillete empezó a sonar. Casi todos se dieron la vuelta a ver”. En esta línea, Patricia Montes señala que “quieren hace ver al indocumentado como una amenaza a la seguridad pública de este país”. Se refiere principalmente a la identificación del inmigrante con un delincuente potencialmente peligroso y a la afectación de esa etiqueta en la esfera social del sujeto, lo cual produce sentimientos negativos y una modificación de los hábitos de vida (dejar de acudir a lugares, ocultarse, no solicitar determinados trabajos, etc). No obstante, representantes del ICE mencionan que “oficialmente no poseen informes de accidentes causados por el uso de estos aparatos y tampoco hay estudios que demuestren que su empleo prolongado puede causar un daño a la salud”.

Discusión

Los buenos resultados del programa RGV250 motivaron su expansión posterior. Se consideró que era eficaz, pues se obtenían altas tasas de cumplimiento (más elevadas que en casos sin monitorizar), y también eficiente, por la gran capacidad de ahorro económico frente al encarcelamiento. En la actualidad el ICE prevé una aplicación masiva de dispositivos GPS para monitorizar al 42% de los inmigrantes detenidos al cruzar la frontera (29.000 de un total de 68.000). Ello situaría al control electrónico como una de las medidas alternativas a la detención más importantes, implicando una mayor presencia de agentes ERO especializados en la materia, así como un gran nicho de mercado para las empresas del sector.

Sin embargo, en este cálculo de eficacia y eficiencia no se han considerado las críticas a la legitimidad ética del enfoque preventivo situacional acorde a la cultura del control del riesgo, ni los posibles impactos sobre las personas. Ya se refirió que la tecnología GPS había estado tradicionalmente relegada a subgrupos de sujetos considerados peligrosos y que representaban un riesgo para la seguridad pública, de ahí que se pretendiera reducir sus oportunidades delictivas mediante su inocuización o incapacitación. No obstante, según los requisitos del programa RGV250 la tecnología se aplica, precisamente, a un perfil de sujeto que no supone una grave amenaza para la seguridad pública, pues de ser así se decide su reclusión. En este sentido cabe preguntarse, ¿por qué se les controla con una tecnología intensiva destinada a la neutralización de delincuentes?, ¿por qué si no presentan un riesgo manifiesto?, ¿podemos justificar su imposición teniendo en cuenta que no se trata de sujetos delincuentes?, ¿hasta qué punto no se están vulnerando sus derechos fundamentales -especialmente el derecho a la libertad personal ambulatoria, el honor y la intimidad- si se trata de sujetos inocentes cuya situación irregular es a priori temporal?, ¿resulta proporcional dicha afectación a sus derechos?, esto es, ¿no existen otras medidas más idóneas y necesarias para alcanzar unos objetivos similares?. También cabría preguntarse: ¿por qué se excluye la evaluación de esta política pública antes de hacerla efectiva?, ¿por qué no realizar un profundo análisis de los impactos de las políticas criminales adoptadas a través de evaluaciones pre-post (Díez Ripollés, 2003; Becerra, 2013)?, ¿cuánto gasto económico puede conllevar el GPS frente a la alternativa de detención no monitorizada?, ¿cómo se estima el ahorro en estos casos?, ¿cuántos inmigrantes de bajo o medio riesgo están siendo encarcelados y que ahorro en cupos supondría su liberación?.

Responder a las cuestiones anteriores excede el propósito de este post, aunque cabe destacar que ninguna de ellas ha sido formulada a la hora de implementar los sistemas y promover su expansión. Tampoco se ha profundizado en las causas que llevaron a las personas inmigrantes a abandonar sus países de origen, más bien la atención se focaliza en la eliminación del riesgo –y en sus síntomas-, siendo el inmigrante quien lo representa cuando invade territorio ajeno. El estado norteamericano parece estar más preocupado en ejercer su dominancia y poder en aquel escenario donde se produce el pulso –la frontera- que en plantear otro tipo de  soluciones que reconozcan la grave crisis social, política y humanitaria que motiva el desplazamiento de miles de personas a entornos más seguros y prósperos.

Y es que, a lo largo de la historia del control electrónico ningún país que haya recurrido al mismo lo ha rechazado posteriormente, con independencia de para qué lo haya empleado. Esta nueva modalidad de monitorización no resulta una excepción y el modelo norteamericano –como ha ocurrido en muchas ocasiones- presenta visos de ser extrapolado a Europa, en tanto en cuanto el fenómeno de la inmigración también supone un gran desafío y es generador de múltiples debates, muchos de ellos avivados desde el miedo y rechazo al inmigrante. Por ello, y considerando la actual deriva político-criminal española en materia de inmigración –dura y excluyente (García España, 2016 y 2017)- se debe reflexionar sobre este tipo de soluciones o parches -rápidos, baratos y muy tentadores- para no extenderlos por defecto en otros territorios (Nellis, 2014). Más acertado sería llevar a cabo un estudio criminológico que valore todas las posibles implicaciones de un modelo tal en Europa, considerando en primera instancia si verdaderamente se justifica su existencia y, de ser así, cómo podrían ser contenidos sus efectos más nocivos.

Referencias

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Autora: Lorea Arenas García. Doctora en Criminología y profesora Universidad Loyola Andalucía

 

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