Sobre el mito del retorno

Blanca Garcés Mascareñas, investigadora senior de la Universidad de Barcelona reflexiona en un artículo de prensa (El País, 24 marzo 2017) sobre lo que ella denomina el mito del retorno. Su hipótesis es que la expulsión como estrategia para frenar la inmigración irregular es limitada.

Este mismo argumento se puede mantener para la expulsión prevista para extranjeros sospechos, delincuentes y exdelincuentes, cuyo propósito aparente es colaborar en el control de fronteras al tiempo que se descongestionan los ámbitos judicial y penitenciario.

En ambos casos estamos ante un derecho sancionador administrativo y penal simbólico, lo que significa que dice que hace algo que realmente no puede hacer. Y no se puede hacer por múltiples impedimentos legales y materiales. Los legales tienen que ver con las propias limitaciones a la Directiva de retorno por directivas previas que limitan la expulsión en casos de ser víctimas de trata (art. 6.3 Directiva 2004/81/CE de 29 de abril); refugiados y protección subsidiaria (non- refoulement) del art. 21 Directiva 2004/83/CE de 29 de abril; solicitantes de Asilo (ACNUR); o residentes de larga duración sobre los que se establecen ciertas garantías adicionales (art. 12 Directiva 2003/109/ de 25 de noviembre). También la doctrina del Tribunal europeo de Derechos humanos limita los supuestos de expulsión cuando el extranjero tiene arraigo en el país o los que con la expulsión se pone en riesgo su vida o su salud, bien por circunstancias personales del sujeto o bien por la situación del país. Pero además hay impedimentos materiales que impiden la expulsión. Estos supuestos son cuando el extranjero no es reconocido o aceptado por su país de origen; está indocumentado; no se consigue conocer su nacionalidad; o se rebela e impide la materialización de la expulsión.

Junto a todo lo anterior, hay que hacer referencia a los altos costes de la expulsión y la capacidad de medios existentes para llevarlas a cabo.

Estamos claramente ante unas política migratoria y criminal ineficientes (datos de expulsión), pero que dan un mensaje claro, amenazante y tranquilizador como el siguiente: Está todo bajo control, y el que venga o se quede irregularmente será expulsado. Sin embargo las consecuencias en muchos casos son nefastas. No es solo, como apunta Garcés, que estamos aferrados a una ilusión, aún sabiendo que es así, sino que coloca en una situación de exclusión social a muchos extranjeros que no estando regulares en el país, tampoco pueden ser expulsados. Y esta reflexión es válida tanto para los que no han delinquido, como los que han pasado por prisión. Cabe preguntarse entonces si merece la pena seguir aferrados a una ilusión, mientras que miles de inmigranes inexpulsables son lanzados a los márgenes de la sociedad. ¿Se ha valorado el coste humano y social que ello supone? Quizás eso sea mucho pedir.

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